A pesar de las amenazas de muerte, activistas colombianos continúan su defensa del ecosistema en la ciénaga de San Silvestre. En los últimos años, miles de peces han muerto en el río San Silvestre.
Noticia: María Carla Figueiredo Guimaraes y Isidora Bizama – Publicado: 25.04.2025
Un ecosistema en crisis
La comunidad de Barrancabermeja, en el norte de Colombia, enfrenta una grave emergencia ambiental. Un reciente informe de Global Witness documenta la contaminación de cuatro fuentes hídricas que abastecen agua potable. Se han registrado doce manatíes muertos, una reducción significativa en la pesca y un alarmante aumento de cáncer entre pescadores y niños.
Foto: Yesid Blanco
Foto: Yesid Blanco
El foco del problema: Veolia y el relleno sanitario
El informe acusa a la multinacional francesa Veolia de verter residuos tóxicos en la ciénaga de San Silvestre, una zona ecológicamente protegida. Esta compañía adquirió en 2019 el relleno sanitario anteriormente operado por Rediba, empresa colombiana también señalada por contaminación.
Imágenes obtenidas por Global Witness muestran empleados utilizando bombas eléctricas para verter lixiviados sin tratar directamente al humedal. Pruebas de laboratorio indican presencia de metales pesados en niveles peligrosos aguas abajo del vertedero.
Veolia niega los señalamientos y asegura que sus propios controles no detectan metales pesados en el agua. Hasta el momento, no han respondido a solicitudes de entrevista por parte del medio.
Fuente: Global Witness/Google Maps.
Fuente: Global Witness/Google Maps.
El precio de alzar la voz
Wilson Díaz, pescador y líder ambiental de 56 años, ha denunciado públicamente la crisis. Representa a más de 45 organizaciones pesqueras de la región y actualmente vive bajo tres amenazas de muerte.
– La contaminación ha sido como un tumor canceroso que poco a poco se lo come todo.
Él, junto a 80 pescadores, mantiene viva la lucha enseñando a niños y jóvenes sobre la pesca tradicional y la conservación ambiental. Su objetivo: crear una nueva generación de defensores del territorio.
Defensa legal y activismo bajo fuego
Leonardo Granados, abogado especializado en delitos ambientales, también lidera la organización San Silvestre Green, activa desde 2015. Denuncia una larga lista de violaciones ambientales: contaminación del aire, del agua y del suelo, muchas veces vinculadas a derrames de hidrocarburos o aguas residuales sin tratamiento.
Desde 2018, Granados ha recibido múltiples amenazas y necesita protección estatal. Según él, grupos paramilitares estarían detrás de gran parte de estas amenazas y crímenes ecológicos.
La ONU, en su informe de febrero de 2025, reportó que 89 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en 2023, muchos de ellos por oponerse a la explotación ilegal de recursos naturales.
Exilio Forzado
Uno de los casos más dramáticos es el del pediatra Yesid Blanco, quien alertó sobre un aumento inusual de enfermedades infantiles relacionadas con agua contaminada, incluso antes de la llegada de Veolia. En 2017, tras recibir amenazas, se vio obligado a huir del país con su familia. Actualmente vive en el exilio y su ubicación se mantiene confidencial por razones de seguridad.
– Sueño con volver a mi país y vivir sin miedo.
Foto: Maria Carla Figueiredo.
Voces que resisten por el futuro
Díaz, Granados y Blanco comparten un propósito: dejar un legado de respeto ambiental, justicia y tradición a las próximas generaciones. Todos coinciden en que la visibilidad internacional es clave para lograr cambios reales.
Una lucha que incomoda
El economista noruego Henrik Wiig, experto en recursos naturales y conflictos en América Latina, sugiere que los activistas ambientales son vistos como una amenaza por los intereses económicos en zonas controladas por grupos armados.
Foto: Henrik Wiig.
– Parece que hay un acuerdo local entre los diferentes grupos y los militares sobre cómo debe desarrollarse la actividad
La ONU ha expresado anteriormente su preocupación por la colaboración entre funcionarios gubernamentales y grupos paramilitares, según Colombia Reports. Wiig compartió una experiencia de cuando trabajaba en la costa del Pacífico de Colombia, una zona conocida por la producción de coca. Cuenta un incidente concreto en el que fue testigo de cómo esta colaboración puede llevarse a cabo en la práctica.
– Un grupo de disidentes de las FARC llegó en embarcación, quince minutos después llegó el Clan del Golfo y luego siguió el ejército. Todo parecía coordinado para que no se golpearan.
Las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo son grupos armados criminales en Colombia, involucrados en la producción, tráfico y contrabando de drogas.
Wiig cree que los activistas ambientales están en igualdad de condiciones que cualquier otra persona que no se alinee con grupos no gubernamentales que controlan un área. Dice que en esas zonas, controladas por grupos criminales, son vistos como una amenaza para los intereses económicos de estos grupos.
– Hablar en contra de sus intereses puede convertirte en un blanco. Cuando se les considera un problema, no tienen miedo de utilizar sus medios para resolver el problema.
Explica además que las consecuencias pueden ir desde amenazas hasta asesinato.
– Veo a los activistas ambientales como algo más que simples activistas ambientales. Es más bien una especie de resistencia local contra quienes gobiernan allí. Los líderes locales a menudo trabajan en campos muy diferentes.
El ejército colombiano rechaza
El diario ha estado en contacto con la jefa de prensa del ejército, Yenny Paola Sánchez Barbosa. Fuentes oficiales de la Quinta Brigada afirman que el Ejército rechaza acusaciones de colaboración con grupos armados.
– No tenemos ninguna colaboración ni acuerdos secretos con esos grupos. Al contrario, estamos trabajando activamente para combatirlos y debilitarlos.
Barbosa destaca que el Batallón de Artillería No. 6, departamento responsable por el distrito productor de petróleo, realiza continuamente operaciones militares en la zona.
– El objetivo es garantizar la seguridad y la estabilidad en la región sin discriminación. Trabajamos con las autoridades civiles para proteger a las poblaciones locales y a los defensores de los derechos humanos.
Añaden que el ejército continuará sus esfuerzos sin vacilar y que la legitimidad y el respeto son el núcleo del trabajo del ejército. Así lo responde la Quinta Brigada del Ejército Nacional en el siguiente comunicado:
RAFAEL LEONARDO GRANADOS CÁRDENAS
Director General CSG.
direccion@sansilvestregreen.com
