Noticia: Diario El Espectador – Publicado: 19.01.2026
La reciente condena por irregularidades en el relleno sanitario de Barrancabermeja marca un hito en la defensa del medio ambiente en Colombia. Un juzgado especializado de Bucaramanga declaró responsable a la exgerente de la empresa de aseo REDIBA S.A. E.S.P. por hechos relacionados con la construcción y operación de un relleno sanitario que afectó un ecosistema protegido en Santander.
El caso, revelado por El Espectador, expone cómo la intervención indebida en zonas ambientalmente protegidas puede derivar en responsabilidades penales cuando se vulneran los recursos naturales y las normas ambientales del país.
Más allá de la condena individual, el proceso se convierte en un precedente relevante para la justicia ambiental en Colombia, especialmente en contextos donde las actividades empresariales afectan ecosistemas estratégicos.
El fallo judicial que marca un precedente ambiental
Según la investigación judicial conocida por El Espectador, un juzgado penal especializado condenó en primera instancia a Liliana Patricia Forero Cala, exrepresentante legal de la empresa REDIBA S.A. E.S.P.
La sentencia establece que la exdirectiva incurrió en irregularidades relacionadas con la obtención de permisos administrativos que permitieron avanzar en la construcción del relleno sanitario sin contar inicialmente con la licencia ambiental correspondiente.
Como resultado del proceso judicial, el tribunal impuso una pena de seis años y ocho meses de prisión domiciliaria, además de sanciones económicas y otras restricciones legales, aunque la decisión aún puede ser apelada.
El caso evidencia cómo las decisiones empresariales que ignoran los procedimientos ambientales pueden tener consecuencias penales cuando generan daños en ecosistemas protegidos.
Descargue aquí la sentencia dictaminada para Liliana Forero
El relleno sanitario y su impacto ambiental
El relleno sanitario involucrado en el caso está ubicado en zona rural de Barrancabermeja, municipio del departamento de Santander, en una región que alberga ecosistemas estratégicos para el equilibrio ambiental del Magdalena Medio.
De acuerdo con la investigación citada por El Espectador, las obras del relleno sanitario comenzaron en 2013 mediante un permiso administrativo destinado a la adecuación de vías internas en los predios Villa Merecedora y El Lago.
Sin embargo, lo que inicialmente se presentó como una obra de infraestructura menor terminó siendo la construcción de un relleno sanitario sin licencia ambiental vigente, documento que solo fue otorgado posteriormente mediante resolución expedida en noviembre de 2014.
La operación del relleno sanitario inició en diciembre del mismo año, momento en el que comenzaron a depositarse residuos sólidos en el área intervenida.
Este hecho fue uno de los elementos clave evaluados durante el proceso judicial.
Afectación al humedal San Silvestre
Uno de los aspectos más graves del caso fue la afectación ambiental generada en el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Humedal San Silvestre, un ecosistema estratégico del Magdalena Medio.
El fallo judicial determinó que la construcción del relleno sanitario implicó la ocupación de zonas ambientalmente protegidas, lo que constituye el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica agravada.
El humedal San Silvestre cumple funciones ambientales fundamentales, entre ellas:
- regulación hídrica de la región
- conservación de biodiversidad
- abastecimiento de agua para comunidades cercanas
- equilibrio ecológico del territorio
Investigaciones periodísticas y técnicas han advertido durante años sobre los riesgos que representa la expansión del relleno sanitario en este ecosistema.
Incluso reportajes previos de El Espectador ya habían señalado posibles extralimitaciones en el área autorizada del proyecto y afectaciones a fuentes hídricas cercanas.
Cómo inició el proceso judicial
El proceso penal que culminó con la condena comenzó varios años antes del fallo judicial.
Según reportó El Espectador, en 2017 la Fiscalía imputó cargos relacionados con delitos contra los recursos naturales, fraude procesal, contaminación ambiental y alteración de material probatorio.
La investigación fue priorizada por la Fiscalía General debido a la gravedad de los hechos y a las denuncias presentadas por organizaciones ambientales y actores locales, entre esos, el abogado y director de la Corporación San Silvestre Green, Leonardo Granados, quién interpuso una demanda ante la Fiscalía un año antes de que este proceso iniciara su fase pública en 2017, por considerar que el lugar estaba violando varias normas relacionadas con el medio ambiente.
El caso también tuvo antecedentes en denuncias públicas sobre posibles afectaciones ambientales relacionadas con el manejo de residuos, lixiviados y expansión del relleno sanitario en zonas protegidas del humedal.
Durante años, el tema fue objeto de debates públicos, inspecciones ambientales y procesos administrativos relacionados con licencias y manejo ambiental.
El papel del periodismo en la visibilización del caso
La cobertura periodística fue un factor clave para visibilizar el impacto ambiental del relleno sanitario en Barrancabermeja.
Reportajes de El Espectador alertaron desde años atrás sobre irregularidades en la expansión del relleno sanitario, incluyendo la intervención de áreas que superaban el polígono autorizado por la licencia ambiental.
Además, investigaciones periodísticas documentaron posibles afectaciones en cuerpos de agua cercanos a la ciénaga San Silvestre, considerada una de las reservas hídricas más importantes del Magdalena Medio.
Este seguimiento mediático contribuyó a mantener el caso en la agenda pública y a impulsar la acción de las autoridades judiciales y ambientales.
Un precedente para la justicia ambiental en Colombia
La condena por irregularidades en el relleno sanitario de Barrancabermeja se suma a otros procesos judiciales relacionados con delitos ambientales en el país.
Casos como este demuestran que los daños a ecosistemas estratégicos pueden ser investigados y sancionados penalmente cuando se incumplen las normas ambientales.
Además, refuerzan la importancia de:
- Fortalecer la vigilancia ambiental
- Garantizar transparencia en los procesos de licenciamiento
- Promover la participación ciudadana en la defensa del territorio
- Exigir responsabilidad ambiental a las empresas
En un país con una de las mayores biodiversidades del planeta, la aplicación efectiva de la ley ambiental es un elemento clave para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.
La defensa del humedal San Silvestre
El caso del relleno sanitario de Barrancabermeja también pone de relieve la importancia de proteger ecosistemas como el humedal San Silvestre, considerado una de las principales fuentes hídricas de la región.
La defensa de este tipo de territorios no depende únicamente de las autoridades, sino también del trabajo conjunto entre comunidades, organizaciones ambientales, academia y medios de comunicación.
Desde organizaciones ambientales como San Silvestre Green, la vigilancia ciudadana y el seguimiento a procesos judiciales continúan siendo herramientas fundamentales para garantizar la protección de los ecosistemas.
Conclusión: justicia ambiental y protección del territorio
La condena contra la exgerente de la empresa REDIBA S.A. E.S.P. representa un mensaje claro para el país: las actividades económicas deben respetar los límites establecidos por la legislación ambiental.
Cuando estos límites se vulneran, las consecuencias no solo afectan a los ecosistemas, sino también a las comunidades que dependen de ellos.
El caso de Barrancabermeja demuestra que la justicia ambiental en Colombia puede avanzar cuando existen denuncias, investigación periodística y acción judicial coordinada.
Proteger ecosistemas como el humedal San Silvestre no es solo una obligación legal, sino también una responsabilidad colectiva frente al futuro ambiental del país.
